La regulación europea sobre inteligencia artificial ha entrado en una etapa decisiva. Entre 2024 y 2026, la Unión Europea ha trazado un camino que transforma por completo la forma en que empresas, pymes y autónomos deben integrar la IA en su actividad. Lo que antes sonaba a futuro o a grandes corporaciones ahora se materializa como obligaciones reales que afectan a cualquier profesional que utilice herramientas de generación de texto, imagen, audio o sistemas de apoyo a decisiones. Audidat nos lo explica.
Durante las últimas semanas, el avance más notable ha sido el inicio de los trabajos del Código de Prácticas para el marcado y etiquetado de contenidos generados con IA, presentado por la Comisión Europea el 5 de noviembre de 2025. Este código busca aclarar cómo identificar, de manera clara y comprensible, qué contenidos han sido creados parcial o totalmente mediante inteligencia artificial. La medida no llega sola: se suma a nuevas guías para proveedores de modelos de propósito general (GPAI) y a un calendario regulatorio que define con precisión las fechas en las que cada obligación entra en vigor.
Conviene tener muy presentes estas fechas: el AI Act entró oficialmente en vigor el 1 de agosto de 2024; un año más tarde, el 2 de agosto de 2025, comenzaron a aplicarse las obligaciones dirigidas a proveedores de modelos GPAI; y será el 2 de agosto de 2026 cuando el etiquetado visible y el marcado técnico de contenidos generados por IA pase a ser obligatorio en muchos ámbitos. Esto significa que, tanto para empresas como para autónomos, la transparencia dejará de ser un distintivo opcional para convertirse en un requisito normativo.
Este nuevo escenario afecta de manera directa a la actividad empresarial. La necesidad de informar a los usuarios sobre el uso de IA en contenidos será un aspecto clave en áreas como marketing, comunicación, atención al cliente o diseño de productos. Además, cuando se utilicen sistemas que influyan en decisiones relevantes para las personas, será imprescindible aplicar controles de trazabilidad, evaluar sesgos y documentar el impacto de esas decisiones. Todo ello exigirá revisar contratos con proveedores, exigir garantías técnicas y asegurarse de que las herramientas empleadas cumplen con los estándares de seguridad y transparencia definidos por la ley.
A estos cambios regulatorios se suman los riesgos asociados. Adaptarse tendrá un coste en forma de auditorías, inventarios, documentación o ajustes operativos, y algunas empresas podrían afrontar retrasos si sus proveedores no se adaptan a tiempo. Sin embargo, este esfuerzo también representa una oportunidad: quienes incorporen estos estándares de forma anticipada podrán reforzar su reputación, transmitir confianza y posicionarse como referentes en el uso responsable de la tecnología.
Por ello, resulta aconsejable iniciar cuanto antes un proceso interno que permita identificar qué herramientas de IA se utilizan, evaluar los riesgos asociados, revisar la relación con proveedores y preparar mensajes de transparencia adaptados a clientes y usuarios. Nombrar a una persona responsable del cumplimiento y definir un protocolo de gestión de incidentes ayudará a abordar las nuevas obligaciones con mayor seguridad.
En definitiva, esta transformación no es exclusiva del gran tejido empresarial. Cualquier autónomo o pequeña empresa que utilice IA en su día a día deberá documentar, advertir y revisar sus procesos. Anticiparse permitirá reducir riesgos, evitar sanciones y, sobre todo, fortalecer la confianza del cliente en un momento en el que la transparencia se está convirtiendo en uno de los valores esenciales de la economía digital.
