La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) respalda la decisión del Gobierno de crear una tasa de pago por uso de las carreteras a partir de 2024, tal y como recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia presentado a la Comisión Europa, por considerar que esta medida permitiría paliar el déficit de mantenimiento acumulado en los últimos años y mejorar así la seguridad vial.
La CNC recuerda que uno de cada diez kilómetros de nuestras carreteras presenta deterioros graves en más del 50% de la superficie del pavimento, lo que pone en peligro a conductores y acompañantes. La patronal de la construcción atribuye esta falta de mantenimiento de las vías a la ausencia de fondos destinados a conservación y seguridad vial. Y es que sólo durante la última década, los recursos para ambas áreas se contrajeron un 76% debido a los recortes presupuestarios.
Este hecho ha provocado que acumulen un déficit de mantenimiento que ronda los 7.500 millones de euros, que sería la inversión mínima necesaria para poner nuestra red en un estado aceptable. Esta cantidad, según CNC, debe ser asumida a través de dicha tasa para quienes usen las vías de alta capacidad, puesto que la inversión pública ha demostrado que no es suficiente para atacar las necesidades reales de mantenimiento de la red. Además, las perspectivas no son halagüeñas debido, sobre todo, a la limitación de uso de los recursos públicos y al repunte en las partidas de gasto social como son las prestaciones por desempleo o las pensiones, entre otras. Hechos que provocarán que la deuda pública se sitúe en el 116,9% a finales de 2022 y el déficit, en el 5%.
La patronal ha descartado que se trate de un impuesto, ya que debe ser una tasa, en todo caso finalista, que grave un servicio público y ha negado que se produzca un doble pago al diferenciar las labores de construcción de las carreteras de las de mantenimiento. Por tanto, la CNC propone que con la recaudación de esta tasa se constituya un fondo exclusivo de uso para infraestructuras viarias y de transporte que permita acabar con el citado déficit y realizar acondicionamientos puntuales, minimizar las emisiones de CO2 –que se han incrementado en 25 millones de toneladas durante los últimos diez años–, crear carriles reservados, reducir el número de accidentes y adaptar las vías a la nueva movilidad que está por llegar. En paralelo, el pago por uso también contribuirá a reducir las desigualdades a nivel territorial que se han generado, puesto que únicamente cuatro comunidades autónomas concentran más de la mitad de la red de peaje.
Por eso el sistema debe prever, en primer lugar, las especiales circunstancias de cada territorio y las infraestructuras ya existentes en cada uno. Y, en segundo lugar, las circunstancias de cada usuario e, incluso, de cada vehículo (más o menos contaminante), cuestiones totalmente factibles con la tecnología actual de pago, via T, geolocalización, 5G, etc. La patronal recuerda que dicha brecha también se produce a nivel europeo. En España, el 82% de la red viaria interurbana de alta capacidad –la más extensa de toda la Unión Europea– no contempla el pago de ninguna tasa por el uso de dichas infraestructuras. O, dicho de otro modo, solo el 18% cuenta con el pago de peajes, en clara contraposición con el modelo vigente en Europa, ya que 23 países tienen tarifado el 100% de su red. CNC considera que para todo ello habrá que buscar el momento más idóneo, teniendo en cuenta la coyuntura económica así como un programa específico para profesionales y transportistas.
Según el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, “este escenario obliga a replantear nuestro modelo tradicional de financiación de la red viaria y su mantenimiento, lo que pasa necesariamente por articular nuevas fórmulas como las recogidas en la Directiva europea relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras, y que se sustentan sobre los principios de ‘quien usa paga y quien contamina paga”.
